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Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en alimentos

La reciente aplicación del nuevo Reglamento de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos ha generado una gran expectación en la industria alimentaria en cuanto a la interpretación que a partir de ahora va a hacerse. Uno de los aspectos más preocupantes, que todavía está por ver, es el control que las autoridades alimentarias de todos los Estados miembros efectuarán sobre el contenido de las declaraciones permitidas o autorizadas en las comunicaciones comerciales.

Hace ya algún tiempo que algunos países han establecido normas básicas para considerar que determinados alimentos o sustancias están claramente vinculados con la salud humana. Una base científica consolidada ha resultado fundamental para poder vincular alimentación y salud, así como para poder comercializar estos productos con alegaciones de propiedades saludables.

La ciencia ha venido acuñando la definición de «alimento funcional». La más ampliamente utilizada es la del ILSI (Internacional Life Science Institute) que determina que un alimento puede considerarse «funcional» si se demuestra satisfactoriamente que, además de sus efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o más funciones del organismo de modo que mejora el estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad.

Japón, país de referencia, dispone de una legislación específica desde 1991 que permite la comercialización y el etiquetado de los que denominan «Alimentos para Uso Específico en la Salud», (Foods for Specified Health Use, FOSHU). Se trata de un nuevo concepto de alimentos, desarrollados específicamente para mejorar la salud de sus ciudadanos y así poder reducir el riesgo de determinadas enfermedades. En EEUU, las autoridades permiten desde 1993 el uso de determinadas declaraciones en alimentos respecto a la reducción del riesgo de padecer enfermedades, los denominados health claims.

En nuestro ámbito más cercano, durante la década de los noventa surgieron iniciativas en Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido destinadas a regular las declaraciones sobre salud en algunos alimentos. Con el objetivo de solventar la falta de una regulación armonizada en el seno de la UE llegaron a desarrollar normas que regulaban la justificación científica, la publicidad y la presentación de declaraciones en salud. Para ello, la administración competente contó con la opinión de expertos en alimentación, grupos de consumidores y científicos. Ello determinaba una situación diferenciada con respecto a otros Estados miembros que podían perjudicar a la libre circulación de productos alimenticios en la UE, a los derechos fundamentales de los consumidores y a los operadores económicos.

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